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Martes, 22 de febrero de 2011   |  Número 4
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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
Fue aprobada en octubre
El PP recurre ante el Constitucional la ley de Navarra que crea un registro
de objetores al aborto
Cervera asegura que "le hubiera gustado ver al gobierno navarro defendiendo estas libertades"

Redacción. Pamplona
El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley foral por la que se crea un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo, al entender que "no es compatible con la Constitución que una ley establezca restricciones al ejercicio de un derecho fundamental".

Santiago Cervera, presidente del Partido
Popular de Navarra.

Así lo explica el presidente del Partido Popular de Navarra, Santiago Cervera, quien ha defendido que la norma "supone una restricción fundamental al derecho básico de los profesionales sanitarios de ejercer su libertad de conciencia y de ideología, reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución".

Esta ley, presentada por el PSN y apoyada por NaBai e IUN, fue aprobada por el Parlamento de Navarra en octubre del pasado año. A juicio de Cervera, la norma se tramitó por "un procedimiento políticamente anómalo, de lectura única".

El presidente del PP de Navarra ha argumentado que este recurso "supone la defensa de los libertades de los profesionales y también de todos los ciudadanos" y ha añadido que "no podemos admitir que se regule de manera restrictiva el ejercicio de un derecho fundamental".

Además, ha defendido que la norma hace "desiguales" a los sanitarios navarros y "de peor condición que el resto de profesionales del país, puesto que se les impone, a través de una ley, una restricción al ejercicio de un derecho fundamental".

Por otro lado, Cervera ha destacado que "le hubiera gustado ver al Gobierno de Navarra al lado del Partido Popular, defendiendo también ante el Tribunal Constitucional la legalidad y las libertades en la Comunidad foral" y ha criticado que "el ejecutivo foral tiene también habilitación legal suficiente como para haber podido recurrir esta ley foral. No lo ha hecho y no ha anunciado que lo vaya a hacer".

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PPN, Enrique Martín, ha criticado que esta ley foral "no tiene comparación con ninguna otra normativa en esta materia", ya que, según ha indicado, "establece la obligatoriedad de la inscripción, estigmatiza al profesional, y crea un registro propiedad de la Administración". "Se obliga a inscribirse en el registro sólo a los objetores de conciencia, algo que puede llegar a formar auténticas listas negras de profesionales e incluso a estigmatizar a sanitarios", ha censurado.

Asimismo, ha destacado el hecho de que estos registros puedan ser "custodiados por la Administración, algo que puede acarrear problemas a la hora de acceder a una plaza en la sanidad pública, de movilizar a estos profesionales sanitarios, o de acceder a un traslado de alguna plaza", con lo que, según Martín, "se vulnera la igualdad de oportunidades".

Otras provincias en las que existen este tipo de registros, ha añadido, tienen listas que "no están regulados por ley, tienen carácter voluntario y su custodia depende en su mayoría de organizaciones profesionales y, fundamentalmente, de comités deontológicos de colegios de médicos".

Por su parte, el gobierno navarro ha afirmado que no es "competente" para impugnar ante el Tribunal Constitucional una ley foral emanada del propio Parlamento de Navarra, después de que el PPN haya criticado que el ejecutivo navarro no haya recurrido la ley foral que crea un registro de sanitarios objetores al aborto. El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha indicado que "éstas sólo pueden ser impugnadas por el presidente del gobierno central, el Defensor del Pueblo, 50 diputados ó 50 senadores".

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