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Lunes, 21 de marzo de 2011   |  Número 6
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EN PORTADA
considera inconstitucionales parte de dos artículos de la LOPS
El Constitucional niega a Sanidad las competencias para acreditar la formación continuada de los profesionales sanitarios
La sentencia señala que las comunidades autónomas son la única autoridad competente

Redacción / Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Constitucional (TC) considera inconstitucionales parte de dos artículos de la actual Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), en los que se reconoce la competencia del Ministerio de Sanidad para acreditar actividades y programas de formación continuada de los profesionales sanitarios, así como los centros encargados de impartirla. De este modo, y según el fallo de la Sala Primera del TC que ha publicado el Boletín Oficial del Estado, las comunidades autónomas son la única autoridad competente para, a través de sus órganos competentes en la materia, acreditar dicha formación.

Tribunal Constitucional.

La sentencia hace alusión a cinco conflictos de competencia y un recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Aragón sobre los convenios firmados en 2002 por Sanidad y los Consejos Generales de Colegios de Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Estomatólogos, Farmacéuticos y Diplomados en Enfermería relativos a la formación continuada de estos profesionales.

Según alegaba esta comunidad, el gobierno regional tiene competencias exclusivas en materia de sanidad e higiene, gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, lo que les otorga competencias para organizar y gestionar la acreditación de centros, actividades y profesionales.

El TC ha estimado parcialmente este recurso y ha declarado inconstitucional y, con ello, la nulidad de parte del artículo 35.1 de la LOPS en los que se especificaba que Sanidad tenía las competencias para la acreditación de la formación continuada de estos profesionales, junto a las comunidades. De este modo, dicho artículo cambiaría su redacción de modo que "los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán acreditar actividades y programas de actuación en materia de formación continuada de los profesionales sanitarios, así como, con carácter global, centros en los que las mismas se impartan".

Igualmente, se excluye también al ministerio del artículo 35.4 de la misma ley, según el cual son las comunidades quienes decidirán si delegar las funciones de gestión y acreditación de la formación continuada, incluyendo la expedición de certificaciones individuales, en otras corporaciones o instituciones de derecho público.
 

Reacciones de los Consejos Generales

Los presidentes de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín; del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado; del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña y del Consejo General de Dentistas, Manuel Alfonso Villa Vigil.
 

Ante la sentencia del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) ha lamentado que hayan tenido que transcurrir nueve años desde que se inició este conflicto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta llegar al fallo actual. Además, ha recordado que quien pierde las competencias es el Estado, no el Consejo General de Colegios de Médicos, que podrá a partir de ahora actuar en el ámbito público a través de los acuerdos que alcance con las diferentes CCAA, que son las que tienen ahora dichas competencias. De esta manera , no afecta a la potestad del CGCOM para la evaluación de la competencia profesional, la validación periódica de la colegiación, el registro de profesionales o la formación, así como a la acreditación de la formación en el ámbito privado.

En el mismo sentido va dirigida la postura del Consejo General de Enfermería, que podrá mantener su labor acreditadora a través de acuerdos con las diferentes CCAA.  Además, la sentencia no tiene carácter retroactivo. Por tanto, todas las acreditaciones concedidas hasta la fecha de publicación en el BOE tendrán plena validez a todos los efectos jurídicos. Esto incluye la formación que ya había sido acreditada con anterioridad a esta fecha y que está todavía pendiente de impartición.

Por su parte, el Consejo General de Dentistas ha reconocido que nunca han “autoacreditado” la formación continuada de sus profesionales ya que tienen "serias dudas" de que pudiesen tener competencias para ello, pese al convenio firmado con el Ministerio de Sanidad en 2002, que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Puntos importantes de la sentencia

El recurso se interpuso inicialmente contra los convenios pero posteriormente se amplió su ámbito de manera que alcanzar a los artículos 35.1 y 35.4 de la Ley 44/2003 de Profesiones Sanitarias. Esta Ley se dictó con posterioridad a la firma de los convenios y en los artículos citados se incluyó la competencia del Estado en materia de formación continua de profesionales sanitarios.

Expertos consultados por Publicación de Derecho Sanitario señalan que hay un aspecto particularmente importante a nivel práctico que la sentencia del TC deja ahora sobre la mesa: el de la imprescindible coordinación para la unificación de criterios en materia de formación continuada en el ámbito de la sanidad. Fue uno de los argumentos más importantes del Abogado del Estado para defender la legalidad de los convenios. En concreto razonaba que los eran la plasmación de una acción coordinadora del Estado con objeto de reducir los “potenciales sistemas separados y diferenciados de formación profesional sanitaria”.

Las acreditaciones dadas por una CCAA van a tener eficacia fuera de la comunidad autónoma en la que se den pues un médico puede hacer un curso de formación en Madrid y usar la acreditación para la carrera profesional de su plaza en Barcelona, donde quizá con un curso del mismo nombre (que a lo mejor no tiene igual contenido) conseguiría distintos créditos.

El TC no admite la argumentación como válida. Dice que “la privación a las CCAA de la posibilidad de actuar cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de actuación.”

Añade que solo hay reversión al Estado de las actuaciones ejecutivas autonómicas “cuando la actividad pública no sea susceptible de fraccionamiento y, además, no sea posible establecer mecanismos de cooperación y coordinación”. Y subraya el TC que el Abogado del Estado no ha aportado ninguna argumentación sobre obstáculos para la coordinación por el Estado, añadiendo lo que puede ser la consecuencia necesaria más importante de esta sentencia: “no existe obstáculo para que el Estado discipline normativamente los criterios generales de la formación continua de las profesiones sanitarias, entre ellas las de acreditación de centros, personal o enseñanzas, y cree además los mecanismos de coordinación necesarios, de manera que las actuaciones de naturaleza ejecutiva en el ámbito público las realicen, en su correspondiente territorio, las CCAA y ello con eficacia para todo el territorio nacional”.

Ahora es el Estado el que debe darse prisa en dictar alguna norma que fije criterios uniformes en formación continua de profesiones sanitarias.
 


 

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