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Lunes, 07 de febrero de 2011   |  Número 3
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EN PORTADA
ROBERTO CANTERO, LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“El 70 por ciento de las reclamaciones contra el profesional sanitario tienen su origen en el daño moral”
El abogado reconoce que la corriente actual de las demandas gira en torno a la privación de la autonomía del paciente en la toma de decisiones, más que en la producción de un daño físico


Ricardo Martínez Platel / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Roberto Cantero es letrado de la Seguridad Social y de la Comunidad de Madrid. Tiene una experiencia en el ámbito del Derecho Sanitario que supera los 20 años, ha llevado temas muy mediáticos como lo fue el “caso del aceite de colza” y es vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

Cantero recuerda sus inicios en el ámbito del
Derecho Sanitario.

¿Cómo se empezó a relacionar con el Derecho Sanitario?
Ingresé en el cuerpo de letrados de la Seguridad Social en 1985. En aquella época, defendíamos al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Nacional de la Salud, a la Tesorería y tangencialmente veíamos temas relacionados con el Derecho Sanitario, sobre todo la responsabilidad profesional de los médicos y los diplomados de Enfermería. En 1988 conseguí el traslado al Insalud y a partir de ese momento, la relación con esta rama fue total. En enero de 2002 se transfirieron las competencias del antiguo Insalud a la Comunidad de Madrid y así he continuado esta relación con el Derecho Sanitario.

¿Cómo fue para usted llevar la representación del Insalud en el famoso “caso del aceite de colza”?
Lo compartí con Santiago Pelayo. Yo acababa de llegar al Insalud. Asistí a algunas fases de instrucción en la vista oral. Me pareció un tema de gran envergadura. Fue la primera vez que desde un punto de vista jurídico nos enfrentamos a una pandemia. Posteriormente otras de carácter infeccioso, como la gripe aviar, han tenido mucha notoriedad. Al principio hubo mucho desconcierto porque no se conocían los agentes que habían provocado los procesos patológicos y se depuró en el juicio. Fue muy trabajoso, con un sumario extensísimo, que ocupaba una habitación en el Instituto Nacional de la Salud. Cada vez que había que preparar alguna fase de instrucción del procedimiento, perdías horas hasta que encontrabas la documentación. Fue muy ilustrativo y supuso para mí un antes y un después. Adquirí unas convicciones muy firmes en el Derecho Sanitario. Empecé a ver como un conjunto normativo completo todas las cuestiones, en vez de como departamentos estanco.

Más allá de la magnitud de aquel juicio, ¿recuerda algo que le marcara especialmente de él?
Las relaciones personales que establecí con algunos peritos. Singularmente, con el doctor Tabuenca, que luego fue el pediatra de mi hija. Además de los jueces, como Gómez de Liaño, que presidía entonces el tribunal, que han sido magistrados muy relevantes en el poder judicial.

A lo largo de su carrera ha llevado casos muy mediáticos, ¿cuál es el que más recuerda?
Me quedaría con una sentencia que dictó la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en la que formulé el recurso de casación. Era un tema en el que se había contagiado con el virus de la hepatitis C a un paciente, a través de una trasfusión, en 1989. Cuando todavía no existía el reactivo para descartar las donaciones de sangre que pudieran estar afectadas. Invoqué la existencia de una fuerza mayor y lo terminó apreciando el tribunal y esa doctrina produjo un cambio normativo.

¿Se afronta de la misma manera la representación de la Sanidad Pública que la de otros estamentos?
Existe un seguro de responsabilidad para los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en la administración pública y los facultativos cuando son denunciados puede conferir su representación a los letrados de la Seguridad Social o de la comunidad autónoma, o bien, al abogado de la compañía de seguros o nombrar a alguno de su elección. Defienden igual de bien unos que otros. Sin embargo, tanto los de las compañías aseguradoras como los de libre elección pueden encargar una serie de pruebas periciales que ayudan en la defensa del profesional sanitario y en la Administración nos tenemos que ceñir a los presupuestos, ya que a veces no hay dinero para abonar un informe pericial y se corre el riesgo de que prescindamos de pruebas necesarias para la correcta asistencia jurídica.

Además de las dificultades que ha citado, ¿encuentra otras en el ámbito del Derecho Sanitario?
Es un sector evolutivo. Cuando llegué al Insalud eran muy escasas las sentencias que condenaban a los médicos. En estos casi 25 años se han incrementado notablemente. Se ha objetivado mucho la responsabilidad del personal sanitario. Han surgido nuevas normas. Los pacientes tienen cada vez más derechos y los ejercitan ante los tribunales. Cuando se creó la Asociación Española de Derecho Sanitario unificaba a todos los profesionales sanitarios y juristas y ahora empiezan a surgir ramas, dentro del tronco común, como la bioética, que son los aspectos deontológicos en el ejercicio de la profesión, que generan una diferenciación.

El letrado analiza el camino que han tomado las demandas contra el personal sanitario.

Hablaba de un aumento de demandas contra los facultativos, pero ahora van más encaminadas hacia la falta de información que hacia la mala praxis.
Al principio, en el Derecho Sanitario, la causa por la que reclamaban los pacientes una indemnización era una mala praxis por parte del facultativo, y se la solicitaban directamente al profesional sanitario. Como consecuencia de ese proceso de objetivización y de la promulgación de normas que reconocen derechos, la jurisprudencia ha elaborado una doctrina sobre la omisión al derecho a la información, la falta de prestación del consentimiento o la negativa a entregarle una copia de su historial clínico, constituyen un daño de carácter moral. Observo que el 70 por ciento de las reclamaciones contra el profesional sanitario tienen su origen en este daño moral, en privar al paciente de su autonomía a la hora de tomar decisiones. En este momento, va por ahí el fundamento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, más que por la producción del daño físico.

¿El aumento del número de demandas lleva a los médicos a ejercer una medicina defensiva?
Es una opinión muy extendida. Yo no lo comparto. Sigue existiendo un porcentaje de demandas, en torno al 30 por ciento, por la producción de un daño físico. Ahí la jurisprudencia ha hilado muy fino. En materia de información se pasó de algo muy genérico a algo más pormenorizado. Los protocolos tienen un papel fundamental porque constituyen la lex artis en la que se tiene que basar el médico. No creo que se lleven a cabo pruebas para evitar demandas, sino porque velan por la salud de los pacientes.

¿Qué opina de la proliferación de comités de ética y deontología?
Son muy necesarios. Los profesionales tienen que tomar decisiones en tiempo muy breve en relación a la vida del paciente y necesitan un asesoramiento inmediato. Su actuación es favorable tanto para los facultativos, como para los pacientes. En la Comunidad de Madrid, en el caso Severo Ochoa, se tuvo que recurrir al comité de ética del Hospital de Getafe, porque entonces no existía. La mayor parte de las ocasiones cumplen adecuadamente sus funciones, pero a veces no basta con el acuerdo de estos comités para resolver conflictos y hay que acudir a instancias judiciales.

"La Asociación Española de Derecho Sanitario ha dado rigor a algunos temas".

Usted es vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario. ¿Cómo se integró en la asociación?
Yo conocí a Ricardo de Lorenzo celebrando juicios en materia de personal estatutario en las magistraturas de trabajo. Éramos contrarios, pero mantuvimos una relación muy cordial. Su aportación al Derecho Sanitario ha sido fundamental, porque ha abierto nuevos cauces para que se integraran todos aquellos que estuvieran relacionados con la profesión sanitaria. Recuerdo que en el primer congreso que se organizó existía un tremendo recelo entre los médicos y los juristas, pero en la segunda reunión se creó un clima favorable. Hoy en día sería impensable una actuación del personal sanitario sin tener en cuenta a los profesionales del Derecho, ni viceversa.

Para concluir, ¿qué importancia le otorga?
Ha sido fundamental. Un crisol en el que nos hemos integrado profesionales relacionados con la sanidad pública y la privada. Cada vez se amplía más el ámbito de aplicación, ya que acuden médicos, personal de enfermería o farmacéuticos. Es una correa de transmisión de la producción normativa de la Unión Europea a nuestro país. La asociación ha puesto rigor en determinados temas porque no está ideológicamente posicionada, sino que se invitan a personas relevantes de todas las líneas ideológicas sobre la materia que se trata, para que cada uno pueda exponer en libertad su pensamiento. Se trata de transmitir a las autoridades sanitarias y a la sociedad civil una posible línea de actuación y marcar el camino. En algunas Comunidades Autónomas nos hacen caso, como cuando Extremadura estaba dictando la ley de Salud Pública, pidieron apoyo y se lo prestamos. Hemos recibo críticas por parte de unos y elogios por parte de otros. Somos beneficiosos, nada nocivos y procuramos abarcar a todos los destinatarios.

 

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