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Martes, 26 de julio de 2011   |  Número 15
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TRIBUNALES
EL SUPREMO CORROBORA UNA SENTENCIA DEL TSJ DE MADRID
Si los riesgos no se materializan en daño efectivo no existe responsabilidad a pesar del retraso en la información
Tardaron en comunicar a la demandante que fuera portadora de anticuerpos de la hepatitis C

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por una paciente, que reclamaba la responsabilidad patrimonial del Instituto Madrileño de Salud por un retraso en la información de que fuera portadora de anticuerpos de la hepatitis C, contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TSJ de Madrid.

Dicho fallo reconoce que no se ha acreditado ni cuándo ni cómo pudo haber tenido lugar la supuesta trasfusión a la que la mujer atribuye el contagio y subraya que el informe de la Inspección Médica pone de relieve que las trasfusiones no son las únicas causas de contagio de la hepatitis C. Por otro lado, señala que el retraso en la información de que fuera portadora de anticuerpos de esa enfermedad no le ha producido daño alguno y que la reclamante no presenta infección de hepatitis C, ya que se encuentra asintomática, con una función hepática normal.

Según la defensa de la mujer, la sentencia no tiene en cuenta que el informe pericial, donde constan los daños y perjuicios que la Sala de instancia “echa en falta y motiva la desestimación del recurso planteado”. Además, entienden que no se ha valorado correctamente la responsabilidad objetiva de la Administración, la relación causal de su actuación y el resultado dañoso y la existencia de un daño jurídico.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha desestimado todos estos razones porque nada de lo que argumentan revela algo distinto o que vaya más allá de la mera existencia de riesgos ligados, pero desconocidos por la reclamante, al incorrecto retraso en facilitar una información sobre su salud que los servicios médicos debieron prestarle con premura. Esos riesgos no se materializaron en daño efectivo alguno, faltando así el primer presupuesto lógico y jurídico para poder exigir responsabilidad patrimonial a la Administración.
 

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