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Lunes, 30 de mayo de 2011   |  Número 11
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REUNIÓN SEMESTRAL DE JURISCESM
Siempre que haya una directiva europea que establezca un trato igual al personal fijo que al temporal tiene que ser aplicada con carácter preferente
Rosa María Guardiola, abogada de la Federación de Médicos y Titulados Superiores (FEMTYS-AMTYS), ha analizado el cambio de doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La reunión semestral de Juriscesm ha abordado la incidencia de la normativa europea en el Derecho nacional, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativa a criterios de servicios computados a efectos de trienios, que resuelve de una manera clara que el Derecho Comunitario es prevalente, aunque deja una puerta abierta a que los juzgados de instancia puedan elegir entre mantener una u otra doctrina, en función de sus gastos e intereses.

Rosa María Guardiola, abogada de la Federación de Médicos y Titulados Superiores (FEMTYS-AMTYS).

Rosa María Guardiola, abogada de la Federación de Médicos y Titulados Superiores (FEMTYS-AMTYS) ha señalado que le resulta curioso el criterio mantenido en una sentencia dictada en recurso de casación de interés de ley, que ha podido ser modificada seis meses después, por otra sentencia del mismo tribunal, pero de distinta sección, en un recurso de apelación ordinario. Lo que para la letrada “resulta formalmente discutible, pues si bien una sentencia en interés de ley no vincula a los órganos judiciales de igual categoría, las decisiones adoptadas en interés de ley, deberán ser unificadas bajo el mismo cauce y no aprovechando un recurso ordinario”.

La colisión de normas se produce entre las de ámbito comunitario y la normativa nacional, en este caso la directiva europea 1990/70 y la normativa nacional, constituida por el Estatuto Básico del Empleado Público y por la Ley 7/2007 de medidas fiscales de la Comunidad de Madrid, que se conoce como la ley de acompañamiento a los presupuesto generales, que contraviene la directiva europea porque limita los servicios que pueden ser reconocidos a efectos de trienios solamente a los prestados dentro del ámbito de la administración de la Comunidad de Madrid.

Por el contrario, la normativa europea establece que todos los servicios que han de ser computados son los prestados en cualquier administración pública. Para Rosa María Guardiola, “los juzgados tendrían que decidir qué norma es la que van a acordar aplicar de manera preferente”. Ante esta situación, los tribunales están dictando diferentes soluciones. En un primer momento dieron prioridad a la norma comunitaria, pero esto cambió con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que daba preferencia a la norma interna. De esta manera, se restringían los servicios computables a efectos de trienios, lo que contravenía abiertamente la norma comunitaria, donde se le otorga el mismo trato al personal funcionario fijo que al temporal.

Esta situación se ha mantenido durante seis meses y se ha observado que “es una resolución injusta” y lo que ha hecho el propio tribunal es modificarlo con una sentencia posterior. A partir de este momento, dan prioridad absoluta a la norma europea.
 

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