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Martes, 26 de julio de 2011   |  Número 15
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EN PORTADA
NO CONTEMPLA LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Sin novedad normativa en la ley de cuidados paliativos
El 6 de septiembre finaliza el plazo de enmiendas

Ricardo Martínez Platel. Madrid

La Mesa del Congreso ha decidido desplazar al mes de septiembre el primer plazo de enmiendas de la Ley de Muerte Digna o 'reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida'. Esta normativa fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 10 de junio, aunque había sido anunciada por el Gobierno en noviembre de 2010. En concreto, ha acordado establecer un plazo de enmiendas por un periodo de quince días hábiles, que finaliza el próximo 6 de septiembre, además de encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.

Esta norma quedará enmarcada dentro de una realidad social caracterizada por los avances de la medicina y la mejora de las prestaciones y tratamientos sanitarios. El crecimiento de la esperanza de vida, con el consiguiente envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades de evolución progresiva, en muchos casos acompañadas de un alto grado de sufrimiento del paciente y, por extensión, de sus familiares ha llevado a “impulsar de una manera definida el desarrollo de los cuidados paliativos, que era una asignatura pendiente”, según Joaquín Fernández-Crehuet, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Málaga.

El cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá de responsabilidad a los profesionales sanitarios
El primer paso para mejorar la atención a estos pacientes fue la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos aprobada en 2007, pero el nuevo texto quiere "dar un paso más", según ha señalado Pajín, para "pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías, al tiempo que también ofrece más seguridad jurídica a los profesionales del Sistema Nacional de Salud". Afirmación con la que coincide Alfonso Atela, jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Vizcaya, al asegurar que “los profesionales sanitarios quedan mejor de lo que estaban antes de la norma que, por primera vez, incluye un artículo de exención de responsabilidad si se cumple la voluntad del paciente”. Este hecho también lo subraya la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), a través de su vicepresidente, José Cuñat, que ha destacado el valor de esta ley como garantía de los derechos de los ciudadanos y como protección jurídica para los profesionales sanitarios, porque “la norma garantiza que cuando el profesional actúa en situaciones al final de la vida en cumplimiento tanto de la normativa y como de los deseos del paciente, no está incurriendo en ningún acto punitivo”.

Joaquín Fernández-Crehuet, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Málaga.

La futura norma refleja que los pacientes tendrán derecho a recibir de forma clara y comprensible toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Su decisión sobre la atención que se les dispense deberá ser respetada y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios. Además, la voluntad sobre la atención sanitaria se expresará mediante el consentimiento informado del paciente. En cualquier caso, el personal médico deberá consultar el Registro Nacional de Instrucciones Previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica. En caso de que exista una contradicción entre los manifestado por el paciente y por su representante, prevalecerá siempre la voluntad del paciente.

Para prevenir y aliviar el dolor, además del tratamiento analgésico específico, la normativa incluye la sedación. Fernández-Crehuet no concibe que en este tipo de tratamientos prevalezca la voluntad del paciente o sus familiares y “pueda llegar a obligar al médico a aplicar medidas que pueden no ser las adecuadas, ya que la sedación paliativa es una indicación médica que sigue unos criterios científicos rigurosos”. Por su parte, los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los enfermos hospitalizados la preservación de su intimidad personal y familiar, para lo que deberán facilitar a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual durante su estancia.

Alfonso Atela, jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Vizcaya.

Área de capacitación específica en cuidados paliativos
Las reacciones sobre el anteproyecto no se han hecho esperar. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) ha manifestado su "satisfacción con la eliminación de cualquier referencia al término muerte digna" por considerarlo "especialmente confuso" y su junta directiva ha reivindicado ciertos aspectos formativos y profesionales. De la misma manera opina Fernández-Crehuet, al que le parece “muy acertado que no se vaya a denominar como anunciaron en principio, ya que la terminología no era correcta, porque la muerte no es digna o indigna, las que son dignas son las personas”.

Secpal insta a "incluir cuidados paliativos como asignatura obligatoria en todos los estudios de pregrado de las profesiones implicadas en la atención al final de la vida" y por otro, define como "indispensable ordenar la profesión de médico, enfermera, psicólogo y trabajador social en cuidados paliativos", para lo que demanda "regular un área de capacitación específica en cuidados paliativos, que acredite a todos los profesionales que trabajen en las unidades específicas".

El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha indicado que pedirán "ciertas modificaciones" centradas en que la formación sea "mayor" para los profesionales y quede "mejor recogida" en esta norma. En este sentido, la coordinadora de Política Social del PP y ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha recordado que su partido propone al Gobierno que diseñe "en seis meses" un Plan Nacional de Cuidados Paliativos con una "cartera de servicios paliativos" que sea la "misma" para todos los españoles, "única" en el país y que garantice la "equidad" de los ciudadanos. "Si no lo hace el Gobierno, lo hará el PP", ha dicho la dirigente popular sobre este Plan, en el que se pretende además la puesta en marcha de áreas de capacitación específica para "superespecializar" a médicos, enfermeros, psicólogos y asistentes sociales en este tipo de cuidados.

Esta circunstancia, para la Comisión Central de Deontología de la OMC es imprescindible para la formación y la capacitación de los profesionales en ambos niveles (general y especializado), y apuesta por la programación de asignaturas obligatorias en el pregrado de los profesionales sanitarios y la puesta en marcha de un área de capacitación específica.

No despenaliza la eutanasia
Aunque Pajín insiste en que el nuevo texto “no despenalizará la eutanasia ni el suicidio asistido”, desde la Asociación Derecho a Vivir (DAV), a través de su la portavoz, Gádor Joya, afirma que lo amparará "de forma encubierta", si bien, según aclara Alfonso Atela, “en la norma no hay nada que objetivamente permita la eutanasia, y además no se despenaliza la misma”. Sin embargo, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, ha retado al Gobierno a convertir el anteproyecto de la citada ley en "un auténtico proyecto de ley de regulación de este proceso".

Ninguna novedad normativa
La mayoría de los expertos coinciden en señalar que esta ley no aporta nada nuevo al panorama normativo, porque la mayoría de las circunstancias que pretende regular, ya aparecen reflejadas en normativa general (derecho a la toma de decisiones, a la información asistencial, al tratamiento del dolor o intimidad de pacientes), al igual que todo lo referente a instrucciones previas (en normativa específica como el Código de Ética y Deontología Médica). Y si algo no lo estuviera, debiera modificarse, pues un paciente terminal no es distinto a otro no terminal en lo que a derechos y deberes se refiere, ni los profesionales y centros deben tener para con él distintos deberes, como señala Alfonso Atela.

Antonio de Torres, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario

Así, el vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y presidente de la Sociedad Madrileña del ramo, Álvaro de la Gándara, ha seguido la misma línea al afirmar que "da cobertura a supuestos que ya estaban contemplados" en la Ley de Autonomía del Paciente. Mientras, Antonio de Torres, vicepresidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, considera que “los médicos ya son conscientes a través de sus Códigos Éticos y Deontológicos de la importancia que tiene observar todos los preceptos que se señalan ahora como una novedad” y hace hincapié en que “no hay ninguna novedad aparente”.

A juicio de Roberto Cantero, vocal de la Asociación Española de Derecho Sanitario, “es una norma que se queda corta, da la sensación de que está a medio camino y que no va a regular todo aquello que pretendía”, ya que la mayoría de los supuestos aparecen recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. De la misma forma opinan Alfonso Codón, abogado del Colegio de Médicos de Burgos y del Consejo Autonómico del Castilla y León, y Juan Méjica, profesor de Derecho de la Universidad de Oviedo, que aseguran que “pretende legislar sobre lo ya legislado” y que se trata de una norma “reiterativa y continuista”.

Objeción de conciencia
La filosofía de la futura ley sigue la estela de sus precedentes andaluz, navarro y aragonés en lo que a objeción de conciencia del profesional sanitario se refiere, y por tanto no ha sido contemplada. Fernández-Crehuet no concibe que el médico “con la nueva norma no pueda ser objetor y esté incluso obligado a cumplir la voluntad del enfermo”, aunque sí ha querido destacar que “cabrá la objeción de conciencia cuando sea el paciente o los familiares los que le pidan algo que, desde el punto de vista médico, no sea lo indicado. Para Atela, este punto es una de las sombras del anteproyecto, porque “no salva expresamente la objeción de conciencia del profesional” ni medita “los casos de choque de las convicciones y creencias del paciente con lo que el profesional puede entender por actuación profesional correcta y libre”, idea con la que también coincide Codón.

El portavoz de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia, Juan Molina, lamenta que no se "reconozca explícitamente la autonomía del médico, sino sólo la autonomía del paciente a decidir". En este sentido, defiende el derecho del médico a objetar, aunque "se entiende que todas las personas tienen ese derecho"; el problema es, a su juicio, que "convierte al médico en un ejecutor que está en contra de la autonomía del profesional a ejercer libremente su profesión".

Antonio de Torres espera que “la norma se enriquezca en el trámite parlamentario y que no aporte conflictos, porque se trata de normalizar una conducta que el médico viene observando desde siempre”. Por su parte, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario, confía en que “la norma que salga del proceso de trámite de consultas sea integradora y consensuada”. El experto apunta que “descartada la eutanasia, no debería haber inconvenientes de mayor alcance para que la Ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el final de su vida ayude a morir con sosiego y dignidad a las personas que, informadas y conscientes, decidan que no pueden seguir viviendo en sus condiciones”. Para el letrado, una norma que “no cuente con los profesionales sanitarios, como garantes de los derechos, no aportará dignidad ni a los profesionales sanitarios, ni a los pacientes, ni al propio sistema sanitario”. Por ello, De Lorenzo espera que “se cuente con todos los sectores profesionales implicados en el trámite de consultas”.

 

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