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Lunes, 02 de abril de 2012   |  Número 30
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EN PORTADA
jORNADA SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Teoría de la pérdida de oportunidad, solo cuando no pueda aplicarse la mala praxis
Los expertos aseguran que “no debe ir más allá de los cauces para la que fue concebida”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La pérdida de oportunidad es una teoría jurídica que permite indemnizar al paciente que se ha visto privado de la posibilidad de curación. La diferencia que existe con los casos de responsabilidad en los que se imputa al médico la causa de un fallecimiento o de una lesión es que en este tipo de casos el paciente ingresa en el hospital con un daño preexistente y lo que se atribuye al facultativo es la frustración de las expectativas de sanación. Este asunto ha sido abordado por María Guilló, magistrada de la sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, en una jornada sobre la responsabilidad de las administraciones públicas, organizadas por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.

María Guilló, magistrada de la sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid.

La magistrada ha explicado que la aplicación de esta teoría surge “como consecuencia de la necesidad del juez de resolver un conflicto entre dos intereses”. Sobre todo cuando “los parámetros normales de actuación no son suficientes”. Guilló ha recordado que la medicina “no es una ciencia exacta y lo que hay que garantizar son los medios y no los resultados”. La reclamación en estos casos no viene por el daño en sí o por las secuelas, sino por la falta de unos medios de los que disponía la Administración y no se han facilitado al paciente. En palabras de la jueza la teoría de la pérdida de oportunidad “no debe ir más allá de los cauces para la que fue concebida, porque a veces basta con aplicar la mala praxis”.

Por su parte, Javier Sánchez Caro, responsable del Área de Bioética y Derecho Sanitario de la Comunidad de Madrid, ha pedido que esta doctrina sea “acogida con prudencia porque si se hace extensiva puede crear problemas al mundo de las existencias sanitarias”. El experto ha abogado por una reforma normativa que garantice la seguridad jurídica. Sánchez Caro se ha mostrado partidario de evitar algunos problemas “que pueden crear discriminaciones en función de las resoluciones judiciales, por lo que sería conveniente que se baremen los daños sanitarios, con ciertos márgenes para los magistrados”. Para Sánchez Caro esta teoría supone la “alteración del sistema tradicional de administración de la incertidumbre” y por ello insta a una reforma legislativa que “requiera fijar reglas o criterios”.

 

 


 

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