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Martes, 11 de enero de 2011   |  Número 1
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Juan Antonio Xiol Rius, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo
“La jurisprudencia se ha enfrentado con realidades nuevas en los últimos años, sobre todo en cuestiones sobre el consentimiento informado”
El Tribunal Supremo empezó a tocar esta materia en el año 2000

Ricardo Martínez Platel. Madrid
Xiol Rius comenzó su carrera judicial en 1972, primero en los juzgados de primera instancia e instrucción y más tarde en salas de lo Contencioso–Administrativo de Vizcaya, Barcelona y Madrid. Tiene antigüedad como magistrado de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Supremo, por el turno de especialista desde 1986. Actualmente es el presidente de la Sala Primera.
 

Juan Antonio Xiol Rius.

¿Cómo fueron sus inicios profesionales?
Estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, que era la única existente entonces. Después de acabar la carrera en 1968 hice la oposición de judicatura, también preparada en Barcelona, y a partir de ahí inicié mi carrera judicial. El primer juzgado fue el de Cervera, en la provincia de Lérida, luego en Tarrasa, después saqué la especialización de lo Contencioso-Administrativo y fui a Bilbao y Barcelona. Estuve también en comisión de servicio como magistrado adscrito al entonces presidente del Tribunal Supremo, don Ángel Escudero del Corral, asesorándole directamente para la adaptación del estatuto judicial a la nueva Constitución de 1978. Más tarde, sin perder mis derechos en la carrera judicial, estuve en el Tribunal Constitucional y saqué la oposición de letrado, luego ocupé el puesto de secretario general. Fui también director general de Justicia, y luego fui nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Primero estuve en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y más tarde me nombraron para el cargo que estoy ejerciendo en la actualidad, presidente de la sala de lo civil, de la Sala Primera.

¿Cómo se empieza a relacionar con el Derecho Sanitario?
A mí la materia de responsabilidad civil me ha interesado desde mis inicios profesionales como juez de lo civil, y una de las materias donde esta responsabilidad se enfrenta más con las novedades de la realidad es el Derecho Sanitario. De ahí mi interés por esta rama del Derecho. La responsabilidad civil es una materia muy actual, ligada a las necesidades de los ciudadanos, muy cambiante según el estado social de cada momento.

¿Cómo valora el tratamiento que se le otorga al Derecho Sanitario?
En España, el Derecho Sanitario es objeto de una atención importante. En el plano legislativo, vemos como se suceden las iniciativas legislativas, tanto en el ámbito del Estado como en el de las comunidades autónomas. También en el plano científico, desde el punto de vista médico como en el jurídico, se suceden los trabajos y las investigaciones sobre el Derecho Sanitario.

Además se le dedica mucha atención en la jurisprudencia, por parte de los tribunales civiles y también de los contenciosos-administrativos. Es una materia que pone de manifiesto la relación que existe entre la ética y el Derecho. Y suscita un enorme interés por la trascendencia que tiene para la salud de los ciudadanos.

En materia de responsabilidad civil, se producen novedades y se contemplan aspectos nuevos que llevan a las instituciones a considerar de manera distinta y, a veces, la jurisprudencia evoluciona. Por tanto, me atrevería a decir que el tratamiento que recibe el Derecho Sanitario es bastante satisfactorio, aunque también queda mucho trabajo por delante, se necesitan avances porque hay problemas que deben ser perfilados y conseguir una situación favorable tanto para los profesionales sanitarios, como también para los ciudadanos.

¿Cómo se podría mejorar dicho tratamiento?
Deben realizarse avances en materia de responsabilidad civil, donde lo que estamos buscando es conseguir una situación favorable y satisfactoria desde el punto de vista de la seguridad jurídica por parte de los profesionales y de los derechos de los ciudadanos. En este punto la jurisprudencia se ha enfrentado con realidades nuevas en los últimos años.

Sobre todo, en cuestiones relacionadas con el consentimiento informado, que prácticamente, el Tribunal Supremo empieza a tocar estas materias en el año 2000. Otra materia muy importante son los criterios de imputación de responsabilidad profesional sanitario. Es una cuestión que tiene implicaciones de carácter ético y filosófico, aunque se trate de una materia esencialmente jurídica, donde es muy importante conseguir que el profesional sanitario sepa cuáles son sus deberes y, por lo tanto, sepa cuál es el alcance de su responsabilidad.

Hay otras materias relacionadas con los aspectos éticos de la actividad médica que se están estudiando, que tratan aspectos filosóficos de estas cuestiones. Otro campo importante es el de la valoración del daño, que ahora se rige por principios de discrecionalidad y de libertad de apreciación por parte de los tribunales, y donde es de desear que se establezca un sistema lo más preciso posible. Estos son puntos donde deben producirse avances, lo cual no quiere decir que no se haya evolucionado.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran a la hora de valorar un caso relacionado con el Derecho Sanitario?
Las dificultades son las propias de la complejidad de las cuestiones. No puede hablarse de dificultades en el sentido de obstáculos. En todos los ámbitos relacionados con la medicina existe una confluencia de intereses y de voluntad en el que la regulación sea lo más perfecta posible. No existen reticencias de tipo profesional, corporativo o asociativo. Hay un interés común en conseguir la mejor regulación. Por tanto, son dificultades objetivas derivadas de una materia complicada. Uno de los problemas que presenta es que es una materia relacionada con temas técnicos, que evoluciona a gran velocidad y va cristalizando nuevas realidades, nuevos hallazgos que hay que ir incorporando al Derecho y que nos exige estar estudiando continuamente, para estar al día de las novedades.

¿Hasta qué punto influyen las opiniones de los asesores médicos en la toma de decisiones?
Desde el punto de vista de los tribunales son importantes este tipo de asesoramientos. El juez no tiene conocimientos médicos y si los tiene no debe utilizarlos para obtener conclusiones, sino que debe colocarse en el rol propio de un tribunal y por tanto, necesita un asesoramiento desde el punto de vista médico que en el ámbito del proceso, se desarrolla como prueba pericial. Es decir, son informes o dictámenes médicos que están sometidos a un determinado procedimiento, cuya finalidad es aportar al juez los elementos de conocimiento de tipo técnico y científico adecuados para tomar una decisión. La mayoría de los jueces no tenemos conocimientos desde el punto de vista sanitario, al menos conocimientos suficientes para poder emitir una opinión fundada en relación con una determinada materia y necesitamos ese asesoramiento.

Esto no significa que sea vinculante para nosotros, que no podamos separarnos de él y debemos enjuiciar críticamente ese asesoramiento por parte de los profesionales sanitarios y ver qué grado de crédito merece la prueba correspondiente. Si es necesario solicitando otras pruebas que puedan completarla o desvirtuarla, si creemos que ha podido ser inadecuada. Por eso es necesario que los asesores conozcan su responsabilidad, ya que el incumplimiento de estos deberes puede ser constitutivo de delito.

Otro ámbito muy importante en el terreno del asesoramiento son las pautas de conducta a los que debe ajustarse el profesional médico. Porque en muchas ocasiones el profesional sanitario se encuentra en situaciones en las que es muy difícil tomar una decisión. Esa toma de decisiones no se puede consultar constantemente con los tribunales. La existencia de organismos de distinto tipo establecen pautas de tipo ético que pueden exponer su parecer para marcar el criterio a seguir, que sirven para evaluar la responsabilidad del médico.

¿Se refiere a la importancia de los protocolos?
Sí. Aunque no hay que sacralizar los protocolos, porque incluso el cumplimiento de los mismos no significa que no se pueda incurrir en responsabilidad, porque no pueden prever todas las circunstancias. Y hay que seguirlos con cuidado, atención y diligencia ya que no vale con escudarse en su complimiento si el resultado ha sido malo. Nosotros hemos puesto en alguna sentencia que se había seguido el protocolo, pero se había seguido descuidadamente, sin la atención suficiente que exigía ese acto médico concreto. Por lo tanto, en algún caso extremo se ha apreciado responsabilidad, a pesar de haber seguido el protocolo. Aunque es evidente que ofrece al profesional sanitario garantías y marca cual es el camino a seguir.

¿Recuerda algún caso que le impactara especialmente?
Sí. Cuando estaba en la Sala de lo Contencioso-administrativo, una de las primeras sentencias que se puso en materia de consentimiento informado en el año 2000. Donde se apreció una cuestión que se ha discutido durante años en la doctrina que es la de entender que cuando falta el consentimiento informado y se somete al paciente a una intervención de una extraordinaria importancia, aunque la intervención sea necesaria y se realice de una forma correcta desde el punto de vista de las lex artis, puede existir un daño moral, como apreciamos en aquella ocasión.

Yo era el ponente de la sentencia y el tribunal después de reflexionar mucho, porque había muy pocos precedentes en España, llegó a la conclusión de que si a un paciente se le somete a una actuación muy importante para su salud, el hecho de no informarle previamente atenta a su libre autonomía y a su capacidad de decisión. Y esa persona tiene derecho a rechazar ese tratamiento y se le ha privado de ese derecho. También puede solicitar otros dictámenes médicos. En aquella ocasión estaba probado que la intervención se había realizado con toda corrección, pero al paciente no se le había informado de que se le iba a someter a una intervención muy peligrosa. Consideramos que se le había privado de esa libertad. Y constituía un daño moral que daba lugar a una indemnización. Fue la primera que decía que podía haber un daño moral por no solicitar el consentimiento informado. Y tuvimos la ocasión de examinar cual era la situación internacional de la materia y comprobamos la enorme disparidad que había entre los tribunales europeos y los tribunales norteamericanos. Era una materia nueva, que exigía soluciones nuevas. Fue uno de esos momentos en los que el tribunal percibe que está avanzando en la solución de la cuestión.

La doctrina criticó mucho esa sentencia, pero con el paso de los años la está comprendiendo y hoy en día es más general. La falta de consentimiento informado puede por sí misma, significar un daño moral.

¿Cómo valora que el número de demandas por falta de información haya crecido respecto a las demandas por mala praxis?
Dentro de las demandas de responsabilidad civil las hay con más o menos fundamento. En ocasiones, cuando sale una sentencia o se modifica una determinada orientación jurisprudencial provoca un aumento de las reclamaciones que no siempre están fundadas. Y aquí ha ocurrido algo parecido, en supuestos en los que no se ha podido probar una mala praxis, se piensa que por la vía de que no ha habido la suficiente información se puede obtener una indemnización.

A veces, la falta de consentimiento informado puede relacionarse con el resultado, pero deben separarse. Una cosa es la falta de consentimiento informado y otra cosa es el resultado negativo que ha podido producir la intervención médica. Y valorar el alcance de la falta de consentimiento informado. En ocasiones, será un daño moral y por tanto, el importe económico de la indemnización debe ser muy inferior al resultado producido.

En otras situaciones, se da lo que llamamos una pérdida de oportunidad, es decir, se demuestra que si hubiera habido una información adecuada de los riesgos de una operación, el paciente no se hubiera sometido a ella. Si se demuestra que esto es así, sí que habrá una relación causal. En otras ocasiones, la falta de consentimiento será intrascendente.

¿Cómo se integra en la Asociación Española de Derecho Sanitario?
Me propusieron formar parte del comité científico cuando estaba en la Sala de lo Contencioso- Administrativo. Me parece interesante realizar una aportación en esta materia. Este tipo de asociaciones realizan una labor positiva en cuanto que por una parte fomentan el interés, por otra sirven de foro de encuentro entre profesionales sanitarios y jurídicos y también de otra índole como personas dedicadas a aspectos éticos. Son foros de encuentros importantes, donde se puede recibir conocimientos y experiencias de profesionales médicos y de otras ramas, que son los que están en contacto con la realidad de la medicina.

¿Qué significan para usted los galardones que ha recibido?
Me producen satisfacción en cuanto a lo que puede significar el hecho de que uno trabaja intensamente y se apasiona por una materia, pero uno no acaba de estar seguro de que su trabajo sea apreciado. Yo me puedo esforzar mucho, pero a lo mejor me estoy equivocando, o lo que hago no sirve para mis semejantes. Para mí es una satisfacción porque veo que el esfuerzo sirve porque lo valoran y aprecian. Son un estímulo.


 

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